La vulnerabilidad del sistema financiero, la ilegitimidad de las deudas públicas y el combate político internacionalista por su anulación
La vulnerabilidad del sistema financiero, la ilegitimidad de las
deudas públicas y el combate político internacionalista por su anulación
François
Chesnais
Viento
Sur 21-sep-2011
En
la primavera de 2010, los grandes bancos europeos, encabezados por los bancos
franceses y alemanes, convencieron a la Unión Europea y al Banco Central
Europeo que el riesgo de default de la deuda pública de Grecia ponía en peligro
sus balances. Los grandes bancos europeos habían recibido una fuerte ayuda en
el otoño del 2008, cuando la quiebra del banco Lehmann Brothers en Nueva York
llevó la crisis financiera a su paroxismo. Luego del salvataje, no depuraron
todos los activos tóxicos de sus cuentas. Y a pesar de todo siguieron haciendo
colocaciones de alto riesgo. Para algunos, el más mínimo default de pago
significaría la quiebra. En mayo 2010 se montó un plan de salvataje con un
ribete financiero y otro de drástica austeridad presupuestaria y acelerada
privatización: fuertes reducciones de los gastos sociales; disminución de los
salarios de empleados públicos y reducción de su cantidad; nuevos ataques a los
sistemas jubilatorios, fuesen por capitalización o por repartición. Los
primeros países en aplicarlo, como Grecia y Portugal, quedaron atrapados en una
infernal espiral cuyas víctimas inmediatas son las capas populares y los
jóvenes. Esta política afecta a un número cada vez mayor de países en Europa
occidental y mediterránea, después de haber asolado a los países bálticos y
balcánicos. El costo del salvataje del sistema financiero europeo y, con él,
del sistema mundial, se impone a los trabajadores, a la juventud y a las capas
populares más vulnerables.
¿Qué necesidad
tenemos de los bancos en su forma actual? ¿Hay que seguir salvándolos?
Dos
series de ideas estrechamente entrelazadas son repetidas hasta el cansancio,
con ligeras variantes, tanto por el gobierno como por los dirigentes del UMP,
del Partido Socialista y de los partidos llamados centristas. Las primeras se
refieren a la deuda pública, las segundas a los bancos. Los “sacrificios”
reclamados a nivel de las jubilaciones, el congelamiento de las remuneraciones
de los empleados públicos, los nuevos y drásticos recortes en el presupuesto
educativo, etcétera, son necesarios, nos dicen, para que “la deuda de Francia
sea honrada”. Es preciso evitar también que Francia pierda la calificación AAA
que le conceden las agencias calificadoras, a fin de no quedar obligada a pagar
intereses más altos de los que paga actualmente por la deuda pública. En lo que
se refiere a los bancos, se nos dice que tienen funciones indispensables que
cumplen bien, o en todo caso lo suficientemente bien como para que sea
necesario y legítimo correr en su auxilio cada vez que lo piden.
La
exhortación a “honrar la deuda” y ayudar a los bancos se basa en la idea de que
habrían prestado sumas que son el fruto del ahorro pacientemente acumulado a
través de un duro trabajo. “La mayor parte de los economistas, escribe un
especialista crediticio que trabaja en los Estados Unidos, piensa que los
bancos son simples intermediarios entre los depositantes y los tomadores de
créditos. Otra manera de expresar esta creencia muy difundida es decir que los
bancos recogen el ahorro y financian la inversión. A partir de esto, basta un
pequeño paso para llegar a la conclusión de que, antes de que pueda hacerse una
inversión debe constituirse un determinado monto de ahorro”1. La realidad es
muy distinta.
Los
préstamos de los bancos no guardan relación con el monto de los depósitos y el
pequeño ahorro que les es confiado. Nunca fueron simples intermediarios. Y
después de su transformación en grupos financieros diversificados, con
operaciones trasnacionales, menos que nunca. Los beneficios bancarios provienen
de sus operaciones de creación de crédito. Y su fuente está en el flujo de
riqueza (valor y plusvalor) provenientes de las actividades productivas. El
camino seguido diferirá según quien tome el préstamo. En el caso de un Estado,
pasa por el impuesto y los servicios por los intereses de la deuda pública. En
el caso de una empresa, se trata de una fracción de la ganancia. En el caso de
los particulares y hogares, es una parte de su salario o de su jubilación la
que es absorbida por los intereses que pagan por sus créditos hipotecarios o
sus cartas de crédito. Mientras más presta un banco, mayores son sus ganancias.
En el transcurso de las dos últimas décadas, los bancos concibieron medios que
aparentemente le permitían lograrlo. Las “innovaciones financieras” dieron
origen a una red muy densa de transacciones interbancarias. Y fue a partir de
estas “innovaciones” que los bancos pudieron poner en marcha el llamado “efecto
de apalancamiento”, es decir una relación de préstamos de capitales propios y
depósitos disponibles cuya altura (incluso más de 30%) los coloca
permanentemente en situación de gran fragilidad. Ellos lo saben, pero cuentan
con los gobiernos para que les aseguren en cualquier circunstancia y a
cualquier costo social un cinturón de seguridad, y en los casos extremos, la
socialización de sus pérdidas.
El
FMI publica, cada seis meses y más o menos simultáneamente, dos grandes
informes, uno sobre las perspectivas de la economía mundial, y el otro sobre el
estado del sistema financiero mundial. El primero atrae la atención de todos
los economistas, allí el FMI presenta sus proyecciones macroeconómicas: es un
terreno familiar. El segundo apenas si es leído por quienes, en el marco de la
mundialización comercial y financiera, dan importancia a la finanza y a las
crisis financieras. En enero 2011, el FMI estimaba ya que una de las grandes
incógnitas de la situación económica mundial tenía que ver con que en Europa,
“la integración entre los riesgos soberanos y bancarios se intensifica”2. El
primer capítulo del nuevo informe sobre la situación del sistema financiero
mundial confirma esta apreciación. El mismo pone el acento en la vulnerabilidad
de los bancos, en particular de los bancos europeos3. El juicio del director
del departamento de mercados financieros y monetarios del FMI es el siguiente:
“casi cuatro años después del comienzo de la crisis financiera, la confianza en
la estabilidad del sistema bancario global todavía debe ser restablecida
totalmente”. Y subraya, en lo referido a los bancos europeos, que “algunos
bancos siguen teniendo un porcentaje de apalancamiento demasiado importante,
tienen capitales propios insuficientes, teniendo en cuenta la incertidumbre en
la cualidad de sus activos. Estos débiles niveles de fondos propios hacen
vulnerables a algunos bancos alemanes ante nuevos choques, así como las cajas
de ahorro italiana, portuguesas y españolas en dificultades”4.
El
rol de los bancos es proveer crédito comercial (suministrar efectivos
comerciales a muy corto plazo) y préstamos a más largo plazo a las empresas
para sus inversiones. Este rol es indispensable para el funcionamiento del
capitalismo. Y lo será también para cualquier forma de organización económica
basada en modalidades descentralizadas de propiedad social de los medios de
producción que supongan recurrir al intercambio. Pero el balance de tres
décadas de liberalización financiera y de cuatro años de crisis plantea, en
todo caso, la cuestión de la utilidad económica y social de los bancos en su
forma actual. Convertidos en conglomerados financieros, ¿tienen derecho los
bancos al respaldo de los gobiernos y los contribuyentes, cada vez que sus
balances están amenazados debido a sus propias decisiones de gestión? Mucha
gente comienza a cuestionarlo. Ellos se expresan a veces, como lo ha hecho Eric
Cantona, de una forma que los medios no pueden ignorar. No se trata de destruir
los bancos, sino de tomarlos para que puedan cumplir las funciones esenciales
que en principio les son propias, es la respuesta que doy junto a otros, como
Frederic Lordon5.
Definamos la
ilegitimidad de las deudas públicas
El
concepto de deuda odiosa fue aplicado desde los años 1980 a la deuda de los
países del tercer mundo. Se ha discutido su posible aplicación al caso de la
deuda griega. Se trata de una noción que se remonta al período de entreguerras.
La primer definición pertenece a Alexander Sack, jurista ruso y profesor de
derecho internacional en París: “deuda contraída por un régimen despótico
[diríamos ahora “dictadura” o “régimen autoritario”] en función de objetivos
extraños a los intereses de la nación, a los intereses de los ciudadanos”6. El
Centro por el Desarrollo Sustentable Internacional de la Universidad Mc Gill de
Montreal dio a comienzo de los años 2000 una definición bastante semejante, más
en sintonía con la financiarización contemporánea. Las deudas odiosas son “las
que fueron contraídas contra los intereses de las poblaciones de un estado, sin
su consentimiento y con pleno conocimiento de causa por el lado de los
acreedores”7. Esta definición se aplica perfectamente a la deuda específica que
pesa en Francia aún sobre municipalidades, consejos regionales e incluso
algunos hospitales, en los que representantes o directivos acaban de
constituirse como asociación para entablar acciones judiciales colectivas
contra los bancos8. Ellos fueron incitados por estos últimos a comprar los
“productos estructurados”, que supuestamente facilitarían por sus elevados
rendimientos el financiamiento de proyectos de inversiones costosas en un
contexto de transferencia de los gastos del Estado hacia las regiones. Esos
títulos financieros opacos, convertidos en “activos tóxicos” con la crisis del
otoño de 2008, pesan sobre los presupuestos. El hecho que ellos fueran
comprados ejemplifica, por supuesto, el hecho de que el fetichismo del dinero
no es característico solamente de los traders puesto que se impone también en
el juicio de los electos y las administraciones locales. Pero los bancos sabían
perfectamente los riesgos que les hacían tomar, el juego del casino en el cual
los hacían ingresar. El suplemento de endeudamiento contraído por las
municipalidades, debido a la compra de títulos podridos, tiene que ver con las
“deudas odiosas”.
La
noción más amplia de deuda ilegítima me parece que se ajusta más a la deuda de
los países capitalistas avanzados, en particular los de Europa. Esta es también
la posición de los militantes del Comité por la anulación de la deuda del
tercer mundo (CADTM)9. Los factores que se esgrimen más frecuentemente se
vinculan con las condiciones que condujeron a que un país acumula una deuda
elevada se ponga en manos de los mercados financieros. Aquí, la ilegitimidad
tiene su fuente en tres mecanismos: los gastos elevados tienen el carácter de
regalos hechos al capital; un bajo nivel de fiscalidad directa (impuestos sobre
la ganancia, el capital y los ingresos de las empresas) y su muy débil
progresividad; una importante evasión fiscal. Estos tres factores se
reencuentran tanto en el caso de Grecia como en el de Francia, y por supuesto
también en el de todos los países hoy atacados por los fondos especulativos y
los bancos. En el caso de Francia, la deuda nació, a partir de 1982, del regalo
que se hizo al capital financiero con las nacionalizaciones del gobierno de la
unión de izquierda.
Su
crecimiento se unió luego al movimiento de liberalización financiera, que en su
primera fase de los años 1980 estuvo marcado por tasas de interés reales muy
altas; el endeudamiento del estado se origina en la debilidad de la fiscalidad
directa (impuesto sobre los ingresos e impuesto sobre las impresas) y en la
evasión fiscal. En lugar de enfrentar a los grupos sociales beneficiados y con
recursos, los gobiernos del Partido Socialista, tal como los del RPR-UMP, han
“esquivado” el problema de la manera más favorable al capital y la riqueza. Se
les concedieron préstamos a quienes se dejaba de aplicar tasas. Los impuestos
al capital y a los altos ingresos fueron reducidos primero con prudencia, y
luego, bajo los gobiernos Jospin, Raffarin y de Villepin, de un modo aún más
fuerte, con la multiplicación de 1000 de los fiscales, con el Bouclier fiscal,
con mecanismos que restituyeron a los más ricos una parte del impuesto.
Analizar los orígenes de la deuda de Francia ayudará a precisar la noción de
deuda ilegítima y por lo tanto a plantear la cuestión de su anulación, no
solamente desde un punto de vista económico, sino como una cuestión política
con fundamento ético.
Pero
la ilegitimidad está basada también en la naturaleza de las operaciones de
“préstamo” que es preciso “honrar”, por las cuales se requiere pagar elevados
intereses y asegurar su reembolso. La obligación de pagar la deuda se basa,
implícitamente, es necesario repetirlo, en esta idea de que los montos, fruto
de un ahorro pacientemente amasado por un duro trabajo, habría sido prestado.
Este puede ser el caso de los ahorros de los hogares o de los fondos de los
sistemas de pensión por capitalización. Pero no es el caso de los bancos o de
los Hedge Founds. Cuando éstos “prestan a los Estados” comprando los Bonos del
Tesoro emitidos por los ministerios de finanzas, se trata de sumas ficticias
que se ponen a disposición en base a la red de relaciones y transacciones
interbancarias. La transferencia de riqueza, la que nace del trabajo, se
produce en el otro sentido. La deuda y el servicio de los intereses son un
componente de la “bomba financiera”, bautizada por Frederic Lordon en homenaje
a Jarry y a su Padre Ubu. La naturaleza económica y las sumas prestadas son un
factor más que cuestiona la legitimidad de la deuda pública.
Auditoría y anulación
de la deuda pública
El
CADMT sostiene, desde siempre, la necesidad de la auditoría de la deuda como
etapa hacia su anulación; el objetivo de la auditoría es identificar los
factores que permiten caracterizar la deuda como ilegítima, así como aquello
que justifican o incluso exigen, pese a todo el reembolso de una fracción de la
deuda a algunos acreedores. Yo no estaba demasiado convencido hasta que los
militantes griegos demostraron su alcance. Hasta entonces, el único ejemplo de
auditoría fue el realizado en Ecuador en 2007: fue como resultado de una
decisión gubernamental, el presidente Rafael Correa quería conocer las
condiciones en las cuales la deuda del país había sido concebida. La auditoría
permitió al gobierno decidir la suspensión del reembolso de la deuda,
constituida por títulos de la deuda con vencimiento, algunos en 2012, y otros
en 2030. Forzó así a los banqueros, sobre todo norteamericanos, poseedores de
los títulos a negociar. Ecuador pudo recomprar títulos estimados en 3,2 mil
millones de dólares por un monto algo menor a mil millones de dólares. En
Europa no es concebible un escenario similar al del Ecuador. La reivindicación
de moratoria inmediata y de la auditoría preparatoria de la anulación debe ser
dirigida evidentemente a los partidos políticos en ocasión de las campañas
electorales. Los militantes, y tal vez incluso algunos dirigentes, serán sensibles.
Sin embargo, estas reivindicaciones solamente pueden ser sostenidas por comités
del tipo como los que han nacido durante la campaña de 2005 contra el proyecto
de tratado constitucional europeo o, más recientemente, por el problema de la
jubilación. Sólo hay un país en el que se ha creado un Comité nacional que
permite la constitución de comités locales: se trata de Grecia, donde se
conformó el comité griego contra la deuda. Veamos cómo define sus objetivos10.
La auditoría debe
deuda y ejercicio de los derechos democráticos
“El
primer objetivo de una auditoría es clarificar el pasado (...) ¿Qué pasó con el
dinero de esos préstamos, en qué condiciones se establecieron esos préstamos? ¿Cuántos
intereses fueron parados, a qué tasa, que parte del capital fue ya reembolsado?
¿Cómo se infló la deuda sin que ella sirviese el pueblo? ¿Qué camino siguieron
los capitales? ¿A quiénes sirvieron? ¿Qué parte fue desviada, por quiénes y
cómo? ¿Quién prestó y cuál fue su rol? ¿Cómo quedó comprometido el Estado,
mediante cuál decisión y a título de qué? ¿Quién encaró proyectos
irrealizables, quién empujó en ese sentido y quién los aprovechó? ¿Qué delito,
o incluso crímenes, fueron cometidos con ese dinero? ¿Por qué no se
establecieron las responsabilidades civiles, penales y administrativas?
La
auditoría de la deuda pública no tiene nada que ver con la caricatura que la
reduce a una simple verificación de números hecha por contadores rutinarios.
Los partidarios de las auditorías invocan siempre dos necesidades fundamentales
de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de los
gobiernos por los ciudadanos. Se trata acá de necesidades referidas a los
derechos democráticos más elementales, reconocidos por el derecho
internacional, aunque violados permanentemente. El derecho de control de los
ciudadanos sobre los actos de aquellos que los gobiernan, de ser informados
sobre todo lo referido a su gestión, como sus objetivos y sus motivaciones, es
intrínseco a la democracia misma, puesto que emana del derecho fundamental de
los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y participar activamente en
los asuntos comunes. (…) Esta permanente necesidad de transparencia en los
asuntos públicos adquiere en la época del neoliberalismo más salvaje y de corrupción
sin frenos ––sin precedente en la historia mundial–– adquiere una enorme
importancia suplementaria que se transforma en una necesidad social y política
completamente vital. El ejercicio de los derechos democráticos de los
ciudadanos, considerados siempre como “elementales”, es visto por los
gobernantes casi como una declaración de guerra a su sistema llevada a cabo por
“los de abajo”. Y naturalmente, es tratada en consecuencia de manera represiva
(...). La auditoría de la deuda externa adquiere una dinámica socialmente
saludable, políticamente casi subversiva. La utilidad de una auditoría no puede
resumirse únicamente a la defensa de la transparencia y la democratización de
la sociedad. Va mucho más lejos, puesto que abre el camino a un proceso que podría
revelarse extremadamente peligroso para el poder establecido, y potencialmente
liberador para la aplastante mayoría de los ciudadanos! En efecto, al exigir
abrir y auditar los libros de la deuda pública, y mejor todavía abriendo y
auditando estos libros, el movimiento de la auditoría ciudadana se atreve a lo
“impensable”: penetra en la zona prohibida, en el más sagrado santuario del
sistema capitalista, allí donde, por definición no se tolera ningún intruso!”
(subrayado en el original).
Así
comprendida, la reivindicación de auditoría de la deuda y sobre todo el inicio
de su implementación mediante la creación de comités, como instancias populares
donde las pruebas de la ilegitimidad serían reunidas y debatidas, constituirían
un formidable instrumento de “redemocratización”11.
Tratándose
de los tenedores de la deuda pública, generalmente se esgrime la salvaguarda
del pequeño ahorro, con una objeción importante, como un cálculo determinante.
Esto no plantearía ningún problema. Durante las declaraciones de impuestos
directos, los bancos calculan en detalle los montos correspondientes a
diferentes formas de ahorro de los hogares. Ello podría ser garantizado, porque
no representan más que una minúscula parte de las “acreencias” reclamadas. La
anulación de la deuda pública no puede evidentemente ser una medida de manera
aislada. Aquí pondremos en primer lugar el acento, muy brevemente, en dos
aspectos. El primero es la apropiación social de los bancos y de su
reconfiguración, de modo tal de restablecer sus funciones esenciales de
creación de determinadas formas ilimitadas de crédito, y ponerlas al servicio
de la economía. El segundo es la reconfiguración de la fiscalidad, que debe
dejar de caer pesadamente sobre los asalariados y las capas populares. Los
sindicatos, SNUI y Sud Trésor tienen proposiciones bien elaboradas. Igualmente
importante es la utilización que se hace del impuesto, nacional o localmente
percibido. El control democrático del uso del impuesto ha pasado a ser
puramente formal.
Más
en general, la cuestión es la que está definida en este documento griego, es
decir la creación de una dinámica política en la cual aquellas y aquellos que
han mostrado, repetidamente, una fuerte capacidad de movilización debían apoyar
la campaña por la anulación como una cuestión esencial que condiciona el
futuro. En Francia, pero también en toda Europa, los asalariados están
confrontados a las cuestiones cruciales del empleo y de la precarización. Su
solución pasa por el control social de la inversión. No puede seguir dependiendo
de estrategias de maximización de las ganancias de las grandes empresas. La
satisfacción de las necesidades sociales apremiantes tiene como contexto la
crisis ecológica en todas sus dimensiones. Es indispensable que esté basada en
profundas transformaciones en los modos técnicos de producción, en la industria
y en la agricultura. El financiamiento sería asegurado por el impuesto y el
crédito bancario controlado. La “sobriedad energética” y la desmercantilización
serían su complemento. La liberalización de los intercambios, cuyo costo
ecológico es inmenso, es un pilar del capitalismo financiero erizado. El
control social de la inversión permitiría la relocalización de múltiples
actividades y un acortamiento de las cadenas de aprovisionamiento, de producción
y de comercialización. La anulación de las deudas en los países cuyos pueblos
se movilizarían para imponerlas crearían las condiciones de una real “salida de
la crisis”.
Aferrar la
oportunidad del combate en varios países
La
campaña contra la deuda no puede hacerse “por encargo”. El pueblo griego no
puede hacerla por los otros pueblos europeos. Las agencias calificadoras no se
encarnizan todavía con Francia; esta no sufre todavía significativas subas en
las tasas de interés. Pero el imperativo de “la deuda a honrar” no deja de caer
pesadamente sobre la situación económica y social, así como sobre la vida
política francesa. Tanto el gobierno como los dirigentes del UMP y el Partido
Socialista, así como los partidos llamados centristas, repiten día a día que la
decencia exige a los ciudadanos que “acepten sacrificios” para que Francia
pague sus deudas. Sólo difieren en la manera exacta de hacerlo, sobre la mejor
policy mix. La deuda obstruye el futuro de las clases populares, por supuesto,
pero también de toda la sociedad. Llevar adelante la campaña por la anulación
no está más allá de la capacidad del movimiento social francés. La movilización
que centenares de miles de personas realizaron el otoño último por las
jubilaciones coloca a las asociaciones, a los sindicatos y a los partidos
franceses en una situación de especial responsabilidad. El rechazo de los
trabajadores franceses a pagar la deuda, sería también el apoyo
internacionalista más eficaz que podrían dar a los de Grecia, de Portugal, de Irlanda.
Una campaña popular impulsada por comités por la moratoria inmediata y la
auditoría de la deuda, prepararía al movimiento social para nuevos episodios de
la crisis financiera. Los publicistas y los responsables políticos que hoy
preconizan la reestructuración de la deuda de Grecia e Irlanda reconocen que
los riesgos que los adversarios subrayan son reales. La vulnerabilidad sistema
financiero europeo, pero también mundial, hace posible una nueva crisis. La
quiebra de sectores enteros de sistema bancario no está excluida. En países en
los que el pago de la deuda esté cuestionado por el movimiento social, los
trabajadores y los jóvenes volcados de diversas maneras hacia las cuestiones
“políticas” estarían preparados, al menos parcialmente.
Uno
de los grandes argumentos de los partidarios de la salida del euro es que
quienes apuestan al movimiento social europeo persiguen una quimera. El desafío
es aferrar la ocasión para su nacimiento. Varios países están confrontados muy
duramente al problema de la deuda. Otros más lo estarán después. Todos están
sometidos a políticas económicas y monetarias pro cíclicas. Incluso la
Confederación Europea de Sindicatos estuvo obligada a desvincularse de la
Comisión Europea y del Banco Común Europeo. Están dadas las condiciones para
que exista la oportunidad de construir entre los ciudadanos de los países de
Europa una verdadera unión. La solución progresista no es salir del euro.
Consiste en ayudar a la convergencia de las luchas sociales y políticas,
llevadas adelante hoy de manera dispersa, hacia un objetivo de control social
democrático común de sus medios de producción y de cambio, y por lo tanto
también del euro. “Tomar los bancos”! Sí, en todos los países en los que el
movimiento tenga fuerza; sí, incluyendo entre ellos al Banco Común Europeo.
La
campaña por la anulación de las deudas públicas europeas debe estar acompañada,
por supuesto, por la anulación de la deuda de los países del sur, en manos de
los bancos de los fondos de inversión europeo. Para los pueblos de los países
europeos, esta campaña es un paso obligado y también un trampolín. Paso
obligado, porque ninguna política mínimamente progresista, tanto a nivel social
como en el plano ecológico, puede ser conducida, ninguna gran inversión puede
ser hecha mientras se mantenga la sangría del servicio de los intereses.
Trampolín, porque toda victoria alcanzada en este terreno constituiría un
verdadero sismo para el capitalismo mundial. La anulación de las deudas
modificaría profundamente las relaciones de fuerza políticas entre trabajo y el
capital. Liberaría los espíritus a “la amplitud de lo posible”. Cuando se
presenta una ocasión como ésta, ¿no hay que tomarla...?
François
Chesnais es profesor emérito en la Universidad de París 13-Villetaneuse.
Destacado marxista, es parte del Consejo científico de ATTAC-Francia, director
de Carré rouge, y miembro del Consejo asesor de Herramienta, con la que
colabora asiduamente. Es autor de La Mondialisation du capital y coordinador de
La finance mondialisée, racines sociales et politiques, configuration,
conséquences. La finance capitaliste, último libro bajo su dirección, acaba de
ser publicado por Ediciones Herramienta. chesnaisf@free.fr
Publicado
en Herramienta (http://www.herramienta.com.ar)
1 Robert Guttmann; How Credit-Money Shapes the
Economy, M.E. Sharpe, Armonk, Nueva York, 1944, pág. 33.
2
FMI, Rapport sur la stabilité financiere dans le monde, Note interimaire,
Actualité des marchés, enero 2011.
3
FMI, Global Financial Stability Report, abril 2011, capítulo uno, tabla 1.1.
4
Palabras de José Vinals, citadas por Martine Orange, Mediapart, 15 abril 2011.
5
Fréderic Lordon, “Pas détruire les banques, les saisir!”, La pompe à Phynance,
blog.mondedplo.net/2010-12-02
6
http://www.cadmt.org/Dette-odieuse/
7 Ver Global Economic Growth Report, Toronto, julio
2003.
8
“Préts toxiques: les élus s’allient pour attaquer les banques”, Le Monde, 9
marzo 2011.
9
Ver Eric Toussaint, “Face à la dette du Nord, quelques pistes alternatives”,
www.cadtm.org/, 19 de enero 2011.
10
Yirgos Mitralias; “Face a la dette: l’apetit vient en auditant!...” 12 abril
2010 (www.cadmt.org/). El autor es el principal animador del comité griego
contra la deuda.
11
En oposición a la desdemocratización nacida del neoliberalismo. Ver Wendy
Brown; Les Habits neufs de la politique mondiale, traducción de Christine
vivier, Les Prairies ordinaires, París, 2007, y también Pierre Dardot y
Christian Laval; La nouvelle raison du monde. Essaie sur la societé
neoliberale.
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22 de Septiembre de 2011 www.enlacesocialista.org.mx
