MILENIO Jalisco, jueves 15 de diciembre de 2011•Acentos

La indignación estudiantil en el estado sureño y en otras entidades del país por estos dos asesinatos es muy legítima. La represión perpetrada por fuerzas policiales municipales, estatales o federales en contra de manifestaciones pacíficas no cabe dentro de un estado pretendidamente democrático.

El asesinato de dos jóvenes estudiantes en Chilpancingo, Guerrero, es una muestra más de la criminalidad policial en contra de las legítimas protestas sociales. Ambos estudiantes muertos a balazos no estaban armados y no tenían nada que ver con actividades delincuenciales, como en su momento se acusó a los jóvenes que fueron asesinados hace tiempo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En esa ciudad norteña la madrugada del domingo 31 de enero del 2010 un grupo de sicarios asesinó a trece estudiantes de preparatoria e hirió a unos 20 asistentes mientras celebraban una fiesta. A los pocos días la cifra de la masacre se elevó a 16. De inmediato Felipe Calderón afirmó que eran jóvenes vinculados a la delincuencia, todo con el afán de justificar las llamadas muertes colaterales de su “guerra contra el narcotráfico” que lleva más de 50 mil muertos, muchos de ellos ciudadanos inocentes, trabajadores o estudiantes, niños, mujeres y ancianos. Por eso es justificable la denuncia de un grupo de ciudadanos contra Calderón en la Corte Internacional de La Haya, a quien acusan de cometer “crímenes de guerra”.

Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús son las víctimas durante el desalojo de la protesta de estudiantes en la Autopista del Sol. Los estudiantes de 21 y 20 años, respectivamente, participaban el pasado lunes en un bloqueo carretero para reclamar un aumento en la matrícula escolar y el presupuesto de su escuela. La policía los asesinó. Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la autopista que va de Chilpancingo a Acapulco. Guerrero es uno de los tres estados más pobres del país y es gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los jóvenes se preparaban para ser maestros rurales en la Normal Rural de Ayotzinapa, famosa porque en ella estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, dirigentes guerrilleros de la década de 1970. Echeverría se licenciaría en educación física y Herrera en educación primaria. “Todo se salió del control”, admitió a la prensa el jefe policial Ramón Miguel Arreola, frente a las evidencias de que policías locales y federales dispararon armas de grueso calibre hacia los manifestantes. Como siempre, ninguna autoridad se hace responsable. Las 16 escuelas normales rurales que hay en el país son un reducto del proyecto de educación “socialista” que impulsó el entonces presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), aunque existían con anterioridad.

La indignación estudiantil en el estado sureño y en otras entidades del país por estos dos asesinatos es muy legítima. La represión perpetrada por fuerzas policiales municipales, estatales o federales en contra de manifestaciones pacíficas no cabe dentro de un estado pretendidamente democrático. El México bárbaro, de John Kenneth Turner, o la democracia bárbara, de la que nos habla José Revueltas, sigue tan vigente como a principios del siglo pasado o durante las largas décadas de “la dictadura perfecta”, según la crítica en su tiempo al régimen político priista hecha por Mario Vargas Llosa; quien, por cierto, ahora afirma de manera burda y oportunista que tal dictadura no era tan perfecta: “la dictadura al final se transformó en democracia”. Sin embargo, es una verdadera ilusión de algunos periodistas, académicos o políticos mexicanos cuando hablan de una transición a la democracia solamente por el hecho de que un partido en el gobierno es reemplazado por otro. Como sea, la cuestión es que la creciente ola de violencia social, negación de cualquier nación democrática, es síntoma visible de una mayor degradación en todas las esferas de la vida social, lo que algunos analistas denominan una profunda crisis civilizatoria o una barbarie civilizada.

En total, once activistas han sido asesinados desde diciembre de 2010, una cifra que no tiene precedentes en México. Entre ellos Nepomuceno Moreno, un hombre que buscaba a su hijo desaparecido y que se había convertido en uno de los pilares del movimiento de víctimas, fue muerto en la capital del estado de Sonora, noroeste del país, a plena luz del día y a seis cuadras del despacho del gobernador, o el caso reciente del comunero Trinidad de la Cruz, de 73 años, quien fue torturado ante los ojos de 12 personas, entre ellas seis periodistas.

En Jalisco, los estudiantes de la escuela Normal Rural de Atequiza, ubicada a 45 minutos por carretera al sureste de Guadalajara, han sido objeto de represalias policiales, al menos desde 1979, simplemente por demandar causas justas y legítimas. Como bien señala el maestro José Casillas, integrante del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM), organización democrática disidente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a esta escuela llegan jóvenes hijos de campesinos jaliscienses o de estados circunvecinos, quienes han sido objeto de la represión gubernamental, desde policías municipales hasta estatales e incluso federales, agresiones que siempre han quedado en la impunidad y que han tenido por objetivo disminuir el activismo de la combativa estudiantil. “Apenas el 11 de noviembre pasado, antes del inicio de los Panamericanos, siete estudiantes de Atequiza fueron detenidos día y medio por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, luego que se conoció que acudirían a una protesta por mejores condiciones educativas” (La Jornada, 14/12/2011).

Según Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, los bloqueos no contribuyen a construir una cultura de diálogo, justificó que el cambio demográfico ha conducido “a que ya no tengamos abiertas las puertas a diestra y siniestra” de las escuelas normales. Consideró que esto se ha hecho en beneficio de los jóvenes, porque es preferible decirles antes de que entren a esas instituciones que ya no existen espacios. Más que una justificación es una declaración cínica, pues el diálogo no puede construirse sobre la represión y el asesinato.

El poeta Javier Sicilia tiene razón diciendo que aquel diputado que levante la mano para pedir que se discuta la Ley de Seguridad Nacional, o que la apruebe, “será señalado de nuestra posición como un criminal”. En efecto, no debemos permitir que la protesta social se criminalice bajo una cobertura leguleya. 

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18 de Diciembre de 2011 www.enlacesocialista.org.mx