En la entidad fueron secuestradas 144 personas, 34 perdieron la vida, acepta

Durante el último año, han desaparecido 519 personas en Michoacán, informa PGJ

Jesús Montejano Ramírez presentó al Congreso del Estado su informe anual de actividades

EDUARDO FERRER

Durante el periodo que va del primero de agosto del 2009 al 31 de julio de este año, en Michoacán desaparecieron 519 personas sin que hasta el momento hayan podido ser localizadas. En este mismo periodo, de acuerdo con el informe anual de actividades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal que fue presentado ayer al Congreso del Estado, fueron secuestrados otros 144 ciudadanos, de los cuales, 110 fueron liberados y 34 más perdieron la vida durante el periodo de negociaciones entre familiares y plagiarios.

Respecto al caso de los michoacanos desaparecidos, del informe de referencia se desprende que no se descarta ningún móvil, incluyendo el político; inclusive, el titular de la PGJ, Jesús Montejano Ramírez, precisó que ha dado cuenta de esos casos tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a las autoridades municipales.

Sobre esto último destaca el operativo de búsqueda, rastreo e investigación que la dependencia montó desde el 25 de febrero en la región Costa para auxiliar en la localización del regidor petista del municipio de Aquila, Javier Martínez Robles, y del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, Francisco de Asís, cuyo paradero –157 días después– sigue siendo una incógnita.

A estas cifras, se suman 328 personas fueron ejecutadas como resultado de la ola de violencia que se vive a nivel nacional y de “la lucha del poder” entre grupos relacionados con el crimen organizado. De estos, 307 fueron hombres y 21 fueron mujeres. De los 253 sucesos con estas características, se consignaron nueve averiguaciones previas con 16 probables responsables; 64 averiguaciones han sido suspendidas, 173 se encuentran en trámite y siete se declararon por incompetencia.

La región Morelia registró el mayor número de muertes violentas, con 163 expedientes iniciados; le sigue la región Uruapan, con 129 homicidios; la región Zamora se ubica en tercer lugar con 123 muertes de este tipo; en la región Apatzingán se denunciaron 93 casos; en la región Zitácuaro contabilizaron 92 muertes violentas y, por último, en la región Lázaro Cárdenas se atendieron 65 decesos.

La entidad, además, ha experimentado el incremento de nueve delitos: robo de vehículo, con 5 mil 292 averiguaciones; homicidio culposo, mil 657 denuncias; homicidio doloso, 637; despojo de inmueble, 769; el secuestro acumuló 119 indagatorias; el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar aumentó a 78 averiguaciones; los abusos deshonestos se incrementaron a 265; la violación varió a 385; sustracción o retención, 109 averiguaciones; estupro, a 98 averiguaciones.

De acuerdo con el diagnóstico institucional que el titular de la PGJ, Jesús Montejano Ramírez, ofreció ayer en el Congreso local al presentar el informe de referencia, el acelerado crecimiento poblacional y el “debilitamiento creciente” de las condiciones de vida de la sociedad que se ha registrado durante los últimos años “han contribuido a la generación de problemas sociales que impactan en la seguridad pública”.

Por otro lado, el funcionario señaló que la dependencia a su cargo atraviesa por una crisis derivada del déficit de personal operativo y de un presupuesto insuficiente.

Las filas de la PGJ están conformadas por mil 13 elementos adscritos a la Policía Ministerial, 13 primeros comandantes, 20 segundos comandantes, 93 jefes de grupo y 180 peritos, es decir, una plantilla de mil 319 personas para atender a 4 millones 300 mil michoacanos.

Para Montejano, esta proporción está “totalmente desfasada” y no toma en cuenta que un buen número de policías ministeriales son canalizados a tareas de prevención del delito en eventos multitudinarios como las celebraciones por el 15 de septiembre.

La dependencia cuenta con 300 plazas disponibles; sin embargo, de enero a la fecha, sólo se ha contratado a aproximadamente 80 personas ya el que resto de los solicitantes (poco más 200) no aprobaron los exámenes de control de confianza implementados por el estado y la federación.

Hasta el momento, la dependencia ha ejercido 477 millones 460 mil 980 pesos; de este total, el 82.98 por ciento (392 millones 537 mil 583 pesos) se han destinado al pago de salarios y prestaciones. Al respecto, Montejano consideró que “seguramente” es necesario que en el próximo ejercicio fiscal se duplique el presupuesto de la PGJ.

En promedio, un agente del ministerio público devenga un salario que va de los 11 mil a los 14 mil pesos cuando en entidades vecinas como Guanajuato y Querétaro perciben hasta 22 mil pesos.

Sin embargo, el mayor obstáculo para la procuración de justicia es que los ciudadanos siguen sin atreverse a denunciar los hechos delictivos que se registran en su entorno inmediato. “¡Mucha gente grita que no hay seguridad, pero si no recibimos las denuncias nosotros no podemos trabajar! Por ejemplo, los comerciantes de la calle Vicente Santa María no se atreven a denunciar que les están cobrando derecho de piso”, deslizó el procurador durante su encuentro con los diputados.

En este sentido, informó que se han atendido 212 casos denunciados de extorsión; de estos, sólo 15 han sido resueltos. Los operativos han arrojado la detención de 21 extorsionadores y la desarticulación de dos bandas dedicadas a ese delito: Los Pátzcuaros y Los Chayas, ambas asentadas en el municipio de Pátzcuaro.

____________________________________________________________________________________________________

31 de Agosto de 2010 www.enlacesocialista.org.mx