El terrorismo más impune es el del Estado. Ciudad Juárez cobra de nueva cuenta esta representación en el día de muertos. La represión de manifestantes pacíficos que decidieron salir a la calle y honrar la memoria de los diez mil asesinados con brutalidad en esta ciudad a lo largo del sexenio de Felipe Calderón, ha sido otra acción de terror que el Estado mexicano ejerce ahora contra una de las poblaciones más vulneradas por la violencia.

Los manifestantes indignados por el alto índice de asesinatos, un promedio de nueve por día, habían organizado una jornada de concientización pública con antelación bajo la consigna El luto no basta. Sin embargo, agentes policíacos encabezados por el titular de la corporación, Julián Leyzaola Pérez, y la directora de Tránsito, Maris Domínguez, los amenazaron con armas de fuego y cortaron cartucho para insistir que desistieran de manifestarse públicamente. Pese a las amenazas, los indignados insistieron en seguir su marcha, pegando cruces de calcomanías en los postes de alumbrado eléctrico. Cada cruz, un asesinato impune. Cada paso, un grito de dolor por quienes les han expropiado el nombre. Cada muerto, un número convertido en estadística. Solidaridad codo a codo, muerto a muerto. Pero a las “fuerzas del orden”, que gustan de las calles vacías y los ciudadanos resignados, decidieron imponer el silencio a punta de culatazos.

¿Qué hay de nuevo en otra represión más? ¿Qué significa que la propia policía amenace con armas a los ciudadanos y se reserve el derecho de jalar el gatillo contra ellos? ¿Qué representa una manifestación sometida por la violencia del Estado en la “ciudad más peligrosa del mundo”? ¿Qué tiene de especial la indignación de los manifestantes juarenses como para estallar el odio de los policías y de sus jerarcas?

Los manifestantes ya están encarcelados. Un saldo de 32 detenidos y “consignados”, mujeres, jóvenes, activistas de derechos humanos, adultos mayores, sometidos con las culatas de las armas y esposados, vejados y humillados. Entre ellos, se encuentran dos periodistas del Diario de Juárez. Pero a los representantes de las “fuerzas del orden” les da lo mismo quién sea, mujer, anciano o periodista, para ellos son revoltosos, sin apellido de influencia, nadie que los ponga nerviosos.

  “¿Con qué cargos me llevan?” “¿Díganme, con qué cargos?”, cuestiona Gero Fong, reconocido activista de derechos humanos, mientras lo sometían para esposarlo. A otra mujer, tres policías la obligaron a poner sus manos hacia atrás para esposarla también, y la rodaron sobre el suelo hasta someterla. Los municipales de Ciudad Juárez no dejaron pasar la oportunidad de “plantarle” marihuana a uno de los detenidos, una acción muy frecuentada por las policías para incriminar sin mayor investigación que su propia palabra. A otro hombre, ya de edad avanzada, mientras le ponían las esposas se burlaban de él, lo humillaban. Patadas, empujones, ofensas verbales, amenazas de muerte, fueron las herramientas de esta represión para acallar esta manifestación.

Así ha actuado en otras ocasiones la policía de Juárez, con las comunidades indígenas y con la familia Reyes Salazar. Hace unos meses, fueron los policías de Santa Catarina en Monterrey. Desde hace un par de años, ciertos policías federales han estado activos en la participación del secuestro y desaparición de mujeres con denuncias formales ante la Fiscalía de Chihuahua. Y antes, los mismos militares que no vacilaron en disparar contra jóvenes y niños, en Tamaulipas y Nuevo León, hoy siguen capturando jóvenes de bajos recursos para que se auto-incriminen como cómplices de narcotráfico en Chiapas, Guerrero y Chihuahua. Todo es público, los reportes de Amnistía Internacional y de las organizaciones civiles dan detalle de cada represión.

Son las fuerzas de un Estado fallido, la mano dura contra los ciudadanos que intentan salvar la dignidad pública. Porque un sinónimo de resignación antes estas muertes, sería un signo de complicidad.   Y ésta es la enorme diferencia entre un ciudadano indignado que no se resigna y un oficial de policía que lo acalla a golpes. La complicidad de los policías de a pie con sus superiores es por pura y llana conveniencia personal. Servilismo y cobardía son los “valores” que ejerce la corrupción de cualquier gobierno al que no le alcanza la inteligencia más que para pensar en sí mismo, sea el presidente municipal, el gobernador del Estado o el presidente de la República. La actitud y la ceguera son las mismas que las de un bruto con poder.

La represión de los ciudadanos juarenses, dignos indignados, es una violencia flagrante contra los derechos humanos de todos los mexicanos. Pero esta situación, como todas las demás que atentan contra los derechos del pueblo, ayuda al gobierno mexicano a crear un estado de crisis, de inestabilidad política, tan necesaria y funcional para justificar los altos presupuestos de seguridad pública, así como las ayudas que recibe con estos propósitos por parte de Estados Unidos. Juárez es una de tantas ciudades mexicanas donde la concepción de seguridad es adaptada según los intereses del gobernante en turno, pero todos con la vocación tiránica de Felipe Calderón.