
Expertos consideran que generará vulnerabilidad en la conservación del ecosistema
Precipitada, innecesaria y sin consulta pública, la decisión del gobernador Godoy, señalaron
Áreas naturales de Morelia, insuficientes para dotar los servicios ecosistémicos que requiere la población
La abrogación del decreto de Área Natural Protegida (ANP) en la Loma de Santa María, genera una mayor vulnerabilidad a la conservación del ecosistema de la zona, coincidieron especialistas del Centro de Investigaciones en Ecosistemas (Cieco) del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Morelia y del Consejo Estatal de Ecología (Coeeco); señalaron además que fue una decisión “precipitada, innecesaria, sin consulta pública y que podría favorecer al sector empresarial para el desarrollo habitacional o de infraestructura vial”.
Con cierta reserva por desconocer a fondo el nuevo decreto del gobierno del estado, del 31 de diciembre del 2009, en el cual se declaró al polígono de la Loma como Zona de Restauración y Protección Ambiental (ZRPA), los especialistas de la UNAM, Ek del Val de Gortari y Jesús Fuentes Junco, y del Coeeco, Tamara Ortiz Ávila y Manuel Tripp Rivera, coincidieron en la falta de consulta pública para el cambio de status en dicho ecosistema ubicado al sur de la ciudad, aunque ayer la secretaria de Urbanismo, Catalina Rosas Monge, señaló que para este tema “la ley no te obliga a que tengas que hacer consulta”.
Por su parte, Ortiz Ávila, a reserva del análisis que hará el Coeeco de este decreto en el transcurso de la semana, resaltó que esta acción expresa que en cuanto al tema ambiental “no hay voluntad para resolver esto con la ciudadanía” y que a primera vista la resolución se convertirá en un beneficio para los empresarios “para construir lo que sea”.
Cabe recordar que en el transcurso del 2007, durante la gestión municipal de Salvador López Orduña, se intentó construir el llamado “megatúnel” para resolver los problemas de tránsito en la parte alta de Santa María, lo que implicaba la realización de esta obra en el polígono de la Loma, y que fue impedida por un fuerte movimiento de oposición integrado por vecinos del lugar, organizaciones civiles y especialistas en materia ambiental.
En este sentido, la investigadora apuntó que “se adelantaron a la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Morelia (PDUM)”, el cual debería de haberse concluido para saber de qué forma se incluiría a la Loma y después determinar si era necesario el cambio de status, “sin embargo, adelantaron todo”.
Y es que las áreas naturales con las que cuenta actualmente el municipio son insuficientes para dotar los servicios ecositémicos que requiere la población para que no disminuya su calidad de vida, como la insuficiencia de agua, que es uno de los problemas que no se está tomando en cuenta.
Por su parte, Ek del Val consideró que el status de Zona de Restauración y Protección Ambiental, en cierta medida traería un beneficio para la Loma, ya que es necesaria la sustitución de eucaliptos que no corresponden a las características del ecosistema del lugar.
No obstante, el perjuicio que acarrea el reciente decreto va encaminado a la transformación del polígono, aunque recalcó que independientemente del status, el plan de manejo es fundamental para conocer cuáles son las modificaciones que será posible realizar en el lugar.
Asimismo, la investigadora dijo desconocer la modificación de la extensión que se considera como ZRPA y de manera preliminar se conoce que como ANP se contemplaban 232 hectáreas de la Loma y ahora se redujo a 170, pero aun no se sabe cuál parte dejo de protegerse.
Así, Del Val de Gortari recordó el intento de construcción del “megatúnel” y señaló que aunque una vialidad para ingresar a la parte alta de Santa María es necesaria, deberá revisarse cualquier nuevo proyecto para cuidar que no se intente la alteración de dicho ecosistema.
Sobre el tema, Fuentes Junco señaló que esta decisión “fue innecesaria y hasta sorpresiva”, pues no es creíble que hubiera la necesidad de cambiar de status esa área, ya que el anterior decreto impedía el levantamiento de cualquier tipo de infraestructura en la zona, y ahora con la resolución de la administración estatal se vulnera la protección de área.
Hasta el momento, señaló el especialista, se desconoce el alcance que vaya a tener la decisión del gobierno, pero de manera preliminar se puede afirmar que el status actual es de menor restricción para la transformación del área natural del polígono y expresó que más que una modificación en esa línea, era necesaria la complementación del ANP con un reforzamiento del plan de manejo para evitar su destrucción.
Por tanto, dijo, en estos momentos también es necesario revisar a fondo el proyecto del PDUM –aún por aprobarse– para conocer de qué manera se incluirá esta zona y las implicaciones que tendrá del nuevo decreto.
Tripp Rivera, integrante del Coeespo, señaló que la consideración de un área más pequeña para la ZRPA deja sin protección a varias hectáreas, en las que anteriormente no se permitió la construcción de algún tipo de infraestructura por las restricciones que marcaba el título de ANP, no obstante, aún quedan otros instrumentos de ordenamiento ecológico que protegen la zona y que deben ser respetados por los distintos niveles de gobierno.
Sin embargo, la zona “abierta”, de la cual aún se desconoce su ubicación en la Loma de Santa María y depresiones aledañas, es más vulnerable a la posible construcción de viviendas y de infraestructura vial.
El Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Lago de Cuitzeo y la Zona Protectora Forestal Cuenca del Río Chiquito de Morelia, son los instrumentos que aún impiden la construcción en las 232 hectáreas que de 1993 a 2009 consideró el ANP de la Loma, y que obliga a quien pretenda realizar obras en la zona a presentar un estudio de impacto ambiental.
En cuanto a la premura del nuevo decreto, Tripp Rivera señaló que no cumplió con los requisitos de ley, ya que en el artículo 71 de la Ley Ambiental del Estado de Michoacán se establece que las ANP’s sólo pueden ser modificadas, en cualquiera de sus disposiciones, siguiendo el procedimiento utilizado para la declaratoria de dicho status y que se refieren a la realización de un estudio técnico justificativo y de reuniones públicas de información y consulta.