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Hasta nuevo aviso

Viernes 31 de Octubre de 2008 Cambio de Michoacán

 La apresurada aprobación de los siete dictámenes de la llamada reforma petrolera por la Cámara de Diputados parece poner fin al acre y prolongado debate que, abierto con la iniciativa presentada al Senado por Felipe Calderón el pasado mes de abril, dividió a la opinión pública y llevó a que sus impulsores gastaran carretadas de dinero en promover la iniciativa en los medios y sus detractores una cantidad extraordinaria de energías. Consumatum est, es la sentencia emitida con la aplastante votación en San Lázaro, precedida por la babélica confusión que la semana anterior salió de la Torre del Caballito donde sesionó el Senado. Aun al interior del bloque opositor a la reforma, es decir, en el Frente Amplio Progresista y sus aliados, cundió el desconcierto de celebrar como un triunfo lo engendrado en la Cámara Alta, o continuar con la impugnación hasta cerrar por completo en el texto de los preceptos en debate la posibilidad de que el capital privado se apersone a disfrutar de los recursos petroleros que, constitucionalmente, siguen perteneciendo a la nación.
Al final, ese desconcierto ha conducido a la ruptura del frente opositor, especialmente fragmentando al PRD, distanciando a su dirección formal de su principal figura, López Obrador, y abriendo un flanco político en sus filas, división que sin duda beneficiará a la larga a la derecha en el poder. El grupo parlamentario del PRD en el Senado ha difundido un jubiloso comunicado bajo el elocuente encabezado: “¡¡¡Triunfamos!!! Impedimos la privatización de la industria petrolera”, en tanto que el Movimiento de Defensa del Petróleo encabezado por AMLO decidió finalmente rechazar los términos en que las iniciativas fueron enviadas de la cámara de origen a la revisora. El daño estaba hecho, y era virtualmente imposible que, ante ese desacuerdo en la recta final del proceso, prosperara en el ámbito legislativo la impugnación lopezobradorista. El hecho de recibir y escuchar al líder y presidente legítimo en las comisiones de la Cámara Baja no modificó ni un ápice la decisión ya tomada de aprobar por planchazo las iniciativas tal cual llegaron del Senado.
Se impuso, a fin de cuentas -y con la aprobación de los propios legisladores del FAP- una concepción bien definida de “autonomía” para Pemex, que va más allá de lo presupuestal y que se centra en la reestructuración de su Consejo de Administración. El publicitado “triunfo” estriba en que este último podrá otorgar con mayor soltura contratos en las estratégicas áreas de exploración y extracción, con seguridad a empresas extranjeras, las que con mayor facilidad cubrirán los requerimientos técnicos. En el Consejo de Administración se mantendrá, si bien con algunas restricciones para el manejo presupuestal y para las negociaciones laborales, una presencia exagerada del sindicato, con sus antecedentes en el Pemexgate del 2000 y su abierta adscripción al PRI.
Pero sobre todo se vio frustrado el esfuerzo postrero del movimiento en el proceso legislativo por que se repusieran en el dictamen votado en el Senado, y una semana después en la Cámara de Diputados, las fracciones VII y VIII del artículo 61 de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, que repentinamente fueron suprimidas del proyecto y que prohibían expresamente asignar a las empresas contratistas bloques o áreas exclusivas para la exploración y extracción de crudo. Puede aducirse que técnicamente no era necesario, dado que de cualquier manera los contratos de riesgo o de desempeño se encuentran expresamente prohibidos en la Constitución y que al no establecerse una facultad expresa, el Estado no puede atribuírsela por sí mismo; pero el que no se haya establecido expresamente, y la forma oscura en que dichas fracciones fueron extraídas de la iniciativa no apunta sino a fortalecer la convicción de que se ha dejado esa rendija para introducir por ella los riesgosos contratos de desempeño en la exploración y extracción del hidrocarburo. El sentido original de la reforma era, precisamente, vadear el cumplimiento de la Constitución por medio de las leyes secundarias; y el texto constitucional ya ha sido burlado repetidamente en los contratos de explotación, en la Cuenca de Burgos, entre los casos ostensibles.
Por añadidura, ya en la Cámara de Diputados se pretendió, por conducto del presidente (panista) de la Comisión de Energía, y del diputado priísta Raúl Cervantes, agregar amañadamente a los considerandos de los dictámenes las figuras de las “remuneraciones (a las empresas contratistas) con base en el desempeño” y de “incentivos por la buena realización o éxito del proyecto”.
Es evidente que quienes han puesto tanto empeño en sacar adelante una reforma privatizadora no cejarán fácilmente de sus intenciones, aunque en diversos aspectos hayan tenido que postergarla hasta nuevo aviso; y algunos instrumentos jurídicos se han asegurado dejar preparados para sacarla adelante. Pero de ningún modo se trata de una victoria cabal para el partido de la privatización petrolera. Es claro que la lucha contra la transnacionalización de los recursos petroleros no ha concluido, aunque cambiará ahora de terreno y se trasladará, sin abandonar del todo la movilización en las calles, al ámbito del Poder Judicial en pos de amparos o declaratorias de inconstitucionalidad; y que ese medio no es el más favorable para la defensa del interés nacional.
La coyuntura, y eso es lo fundamental, ha quedado marcada por un acontecimiento político de primera magnitud. Un movimiento social de grandes dimensiones ha logrado sobreponerse a la lógica aparentemente férrea de las mayorías del mundo parlamentario con que el oficialismo contaba, y obligó a modificar las formas más burdas y agresivas de la propuesta privatizadora. Ese movimiento logró articularse con una copiosa corriente de opinión que fluyó desde el ámbito de la academia y del conocimiento calificado, y con la minoría actuante -y acotada por el movimiento mismo- de legisladores del FAP dentro del Congreso. La politización del tema petrolero -en el mejor sentido: hacerlo parte de la vida política de la nación- y el acceso de cientos de miles, quizás millones, a un conocimiento antes reservado a los técnicos, son un nuevo patrimonio de ese movimiento.
El cauce que ha de seguir la resistencia a la privatización de los recursos petroleros dependerá de las iniciativas que al respecto asuma en el futuro -seguramente no muy distante- el bloque de poder encabezado por Felipe Calderón y sostenido por fuertes intereses económicos nacionales y extranjeros. Los escenarios de polarización social y el enfrentamiento en terrenos diversos no han sido desmontados; sólo parecen haberse pospuesto, por adversarios que velan sus armas, también hasta nuevo aviso.

2 de Noviembre de 2008

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